Ingresos Brutos es cuestionado por su acumulación en las sucesivas etapas de comercialización. Pero la principal razón por la cual hay que eliminarlo es por los múltiples regímenes de pago anticipado que tiene el impuesto. Estos regímenes son muy burocráticos y generan permanentes saldos a favor del contribuyente.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo provincial que se aplica sobre las ventas. Se determina mensualmente como un porcentaje de las ventas. Sin perjuicio de ello, a lo largo del mes el contribuyente es sometido a una serie de Regímenes de Pago Anticipado (RPA). Por lo tanto, el importe que el contribuyente es obligado a pagar surge de la diferencia entre el monto del impuesto determinado menos la suma de todos los pagos anticipados que se le aplicaron durante el mes.
Cada
provincia regula con total autonomía el tributo. Establecen alícuotas por actividad, tratamientos
especiales, exenciones y rangos de facturación. En igual sentido, cada
provincia tiene potestad para regular sus RPA. Los RPA se clasifican en
regímenes de retención (el vendedor sufre una detracción del
precio de venta), de percepción (el comprador sufre un recargo
sobre precio de compra) y de recaudación (el contribuyente
sufre una detracción cuando tiene una acreditación en sus cuentas bancarias).
Así, el Impuesto a los Ingresos Brutos no se trata de 1 solo impuesto sino
de 24 impuestos con 75 RPA distintos lo que genera un pesado
laberinto burocrático de sistemas provinciales.
Como
agravante, las provincias usan de manera abusiva los pagos anticipados. Para dimensionar la situación, con datos de la Comisión
Arbitral para contribuyentes de Convenio Multilateral (los que tienen ventas en
más de una provincia) se observa que:
- En 10
provincias los pagos anticipados acumulados equivalen a
menos de 1 mes del impuesto.
- En 6
provincias los pagos anticipados acumulados equivalen a
entre 1 y 2 meses del impuesto.
- En las 8
provincias restantes los pagos anticipados equivalen a
más de 2 meses del impuesto.
Que el
uso abusivo de los RPA esté generalizado entre muchas provincias es otra
evidencia de que en materia de malas políticas públicas no hay “grieta”.
Al contrario, prevalecen amplios y solidos consensos. Esta mala
práctica se da en provincias gobernadas por el Frente de Todos (a
los dos ejemplos anteriores, cabe agregar también Santiago y Formosa con 3
meses, Tucumán 2 meses, Chaco 1,2 meses) y también en jurisdicciones gobernadas
por Juntos por el Cambio (Corrientes 4 meses, Mendoza 1,5
meses, CABA 1,2 meses). Por lo tanto, el desafío no es –como generalmente se
plantea– cerrar la “grieta” sino cuestionar los consensos equivocados
que sostienen malas políticas públicas.
Son
múltiples los daños productivos y sociales que el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos y sus RPA producen. Por ejemplo, una práctica muy utilizada por los
comercios para evitar los pagos anticipados que aplican las tarjetas de crédito
y los bancos es inducir al uso del dinero en efectivo. Este desaliento al uso
del dinero digital es contradictorio con el objetivo de luchar contra la
evasión y la informalidad.
En el
Consenso Fiscal del 2017 se acordó una reducción de alícuotas de Ingresos
Brutos. Su fracaso no se explica porque se aplicó parcialmente, sino por el
diagnóstico equivocado. La alícuota promedio de Ingresos Brutos es 3%, es
decir, un séptimo de la alícuota general de IVA. Por lo tanto, si el problema
radicara en las altas alícuotas la prioridad debería ser bajar el IVA, no
Ingresos Brutos. La realidad es que los principales daños lo causan los
engorros de un impuesto rudimentario que permite el uso abusivo de los RPA.
Para no volver a repetir frustraciones hay que ser disruptivos y aceptar que
Ingresos Brutos no tiene arreglo. Por lo tanto, la mejor alternativa es eliminarlo
y que sea absorbido por el IVA.
Informe de IDESA