El gobierno nacional envió al Congreso una separata del Presupuesto donde se listan exenciones fiscales que no estaban identificadas históricamente y que propone eliminarlas para llegar al superávit fiscal. Se trata de otro ejemplo de improvisación y oportunismo en el manejo de la política pública.
Antes
de las elecciones, el gobierno dispuso agresivas disminuciones de impuestos y
aumentos de gastos. Sin considerar estas medidas, en el proyecto de presupuesto
2024 ya se estimaba que el 2023 cerraría con un déficit fiscal primario de
-2,4% del PBI. Para lograr mantener esta proyección necesitará
profundizar el ajuste inflacionario, es decir, dejar que la inflación licúe
gastos, en particular, las jubilaciones. Así, el ajuste inflacionario permitirá
mostrar menos descontrol de las finanzas públicas a costa de más costos
sociales.
Pero
para el 2024 se postula una baja de la inflación. Consistente con ello se
presupuestó para el año próximo una reducción del déficit al -0,9% del PBI.
Después, seguramente para mostrar reacción ante la disparada de la inflación,
se revisaron las metas y ahora se propone un superávit de 1% del PBI. Para
lograrlo se le solicitó al Congreso que apure la discusión de una
“separata” que presenta exenciones fiscales que, históricamente, nunca se
habían identificado. El planteo oficial es que eliminando estas exenciones
fiscales especiales es factible lograr el promedio superávit fiscal.
¿A
cuánto asciende el “gasto tributario”, es decir, las pérdidas de recursos
tributarios por exenciones impositivas? Según
información publicada en la página del Ministerio de Economía se observa
que:
- En los últimos
20 años el gasto tributario osciló en alrededor de 2,9% del
PBI.
- En el proyecto
de presupuesto 2024 se estimó que llegarían al 2,3% del
PBI.
- En la separata
del presupuesto se listan exenciones –que hasta ahora nunca
fueron contabilizadas en el gasto tributario– por el equivalente a
otros 2,4% del PBI.
Estos
datos muestran el elevado nivel de improvisación y oportunismo que
prevalece en el diseño y la administración de la política pública. Ante el
descontrol inflacionario, derivado de la profundización de los crónicos
desequilibrios fiscales, se anuncia un superávit primario de 1% del PBI. Para
lograrlo, se propone eliminar tratamientos impositivos especiales muchos de los
cuales nunca fueron registrados en las cuentas públicas. La improvisación llega
al punto que, de los 15 ítems que se presentan en la separata como nuevo gasto
tributario, para 8 no se estima sus costos (figuran “sin datos”). Tampoco
figuran entre los gastos tributarios la exención de ganancias de los
asalariados y la devolución del IVA de la canasta básica establecido después de
las PASO.
En los
gastos tributarios prevalece la anarquía, arbitrariedad y falta de
transparencia. Su génesis está muy
asociada al desorden del Estado. Es cierto que en algunos casos son meros
privilegios que logran sectores con poder. El ejemplo más conocido es la
exención de ganancias que gozan los judiciales. Pero, en muchos casos, operan
como una compensación, al menos parcial, de las consecuencias de las malas
políticas públicas. Por ejemplo, ante la discriminación que provocan las
retenciones agropecuarias aparece la exención de los campos en el impuesto a
los bienes personales. El resultado es un cúmulo de distorsiones que contribuyen
a agravar la decadencia.
Como
ya ocurrió en el pasado, seguramente que la propuesta de eliminar
gastos tributarios no se concretará. La razón es que no es viable si no se
da en el marco de un ordenamiento integral del sistema tributario. El objetivo
debería ser establecer un sistema tributario simple y homogéneo para todos los
contribuyentes. Si por anomalías de mercado o razones de equidad se justifica
un tratamiento especial a una región, sector, servicio o producto la mejor
herramienta es un subsidio directo explicitando el gasto en que tiene que
incurrir el Estado y no una exención impositiva. Esto genera un marco de mayor
transparencia y certezas de costos fiscales. Además, facilita evaluar sus
impactos para evaluar la conveniencia de mantenerlo o activar otros
instrumentos de políticas.
El planteo del gobierno de pedirle al Congreso que elimine privilegios tributarios es oportunista. Sirve para mostrar reacción ante la aceleración inflacionaria, pero son muy bajas las probabilidades de por esta vía se generen ahorros en la magnitud que se necesitan para equilibrar las cuentas públicas. Mucho más honesto y conducente es plantear un ordenamiento integral del Estado donde uno de los componentes más importante es simplificar el sistema tributario. En este marco es factible eliminar los tratamientos tributarios especiales y establecer subsidios directos cuando existan fundamentos que los legitimen.
Román Reynoso 2023
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