de Alexis Nicolás
Pellagatta (*)
La
última dictadura militar en Argentina comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando un
golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón. Durante los
siguientes años, el país sufrió una represión brutal por parte de las fuerzas
armadas, con más de treinta mil desaparecidos, torturas y violaciones
sistemáticas a los derechos humanos. La censura y la persecución política
fueron moneda corriente, y el país se sumió en un clima de miedo y silencio.
A
medida que avanzaba la década de 1980, la sociedad argentina comenzó a
despertar y a manifestar su rechazo al régimen militar. Las Madres de Plaza de
Mayo y otros grupos de derechos humanos lideraron la lucha por la justicia y la
aparición con vida de los desaparecidos. Además, hubo movimientos sindicales y
estudiantiles que se unieron en demanda de libertad y cambio.
En
1982, la derrota en la Guerra de las Malvinas a manos de Gran Bretaña debilitó
aún más al régimen militar y aumentó la presión interna para una apertura
política. Finalmente, el gobierno militar convocó a elecciones generales para
el 30 de octubre de 1983 y la fórmula encabezada por Raúl Alfonsín,
representante de la Unión Cívica Radical (UCR), se convertiría en la opción más
votada.
El 30
de octubre de 1983, millones de argentinos ejercieron su derecho al voto en un
clima de esperanza y expectativa. Las elecciones se llevaron a cabo con
normalidad y sin incidentes graves. Los resultados fueron contundentes: Raúl
Alfonsín obtuvo una victoria aplastante sobre su principal rival, Ítalo Lúder
del Partido Justicialista (PJ), con más del 50% de los votos y se convirtió en
un símbolo de la lucha por la democracia y los derechos humanos.
La
asunción de Raúl Alfonsín como presidente, el 10 de diciembre de 1983, marcó el
inicio de un nuevo período democrático en Argentina. Entre los logros más
destacados de su mandato se encuentran el Juicio a las Juntas, que permitió
juzgar y condenar a los responsables de los crímenes cometidos durante la
dictadura, y la sanción de leyes fundamentales para la garantía de los derechos
humanos y las libertades individuales.
Además,
Alfonsín impulsó una política de reconciliación nacional y promovió la
consolidación de las instituciones democráticas y el respeto por los derechos
civiles. Su gestión sentó las bases para un país más inclusivo, participativo y
comprometido con la justicia social.
Cuarenta
años después, debemos reconocer los desafíos que enfrentamos como sociedad. Aún
persisten enormes desigualdades, corrupción e injusticias que debemos abordar
de manera decidida y colectiva. La conmemoración de este día nos invita a reflexionar
sobre cómo podemos seguir construyendo una sociedad más justa, igualitaria y
democrática.
(*) El autor es Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional (UNLu) y Diplomado en Comunicación Política y de Gobierno (UNTREF)
