El Congreso aprobó una serie
de reformas sobre el sistema previsional cuyos costos son mayores al superávit
fiscal. Se trata de otro fracaso del oficialismo y de la oposición en acordar
una estrategia conjunta para ordenar el sistema previsional y, por esta vía,
darle equidad y sostenibilidad al equilibrio fiscal.
Producto de la aceleración
inflacionaria que se desató en el 2018 y la manipulación a la regla de
movilidad en el 2019, entre los años 2017 y 2023 las jubilaciones
perdieron 35% de poder de compra. En el 2024 se vuelve a cambiar la regla
de movilidad para ajustar por inflación pasada. Un detalle importante es que en
enero del 2024 el ajuste fue parcial ya que no se consideró toda la inflación
de ese mes. Por otro lado, se continuó con la política de reforzar las
jubilaciones más bajas con un bono que desde marzo 2024 se mantiene fijo en
$70.000. A esto se agrega que en marzo del 2025 venció la moratoria
previsional.
Una parte de la oposición en
el Congreso logró aprobar una ley que aumenta un 7,2% todas las jubilaciones
–para compensar la parte de la inflación de enero del 2024 no considerada–,
actualiza el monto del bono a $110.000 y restablece la moratoria por 2 años
más. El presidente Milei ya anunció que vetará la iniciativa porque compromete
el equilibrio fiscal. Para la oposición solo queda juntar dos tercios de votos,
en ambas cámaras, para anular el veto.
La pregunta que cabe hacerse
es cuáles son los impactos de esta ley. Según datos del Ministerio
de Economía y de la Oficina de Presupuesto del Congreso se observa que:
- El aumento del 7,2% para todas las
jubilaciones deja el haber real en igual nivel que en el 2023 y
aumenta el gasto previsional en aproximadamente 0,43% del
PBI.
- El aumento del bono a $110.000 deja el
haber real de los que reciben bono en igual nivel que en el 2023 y
cuesta 0,30% del PBI.
- La prórroga de la moratoria por 2 años
agrega de manera permanente un aumento del gasto previsional equivalente
a 0,17% del PBI.
Estos datos muestran que la
ley apenas logra recuperar los magros niveles de las jubilaciones del 2023 pero
es desestabilizante para el equilibrio fiscal. Hay que considerar que el
superávit financiero alcanzado el año pasado y que el gobierno proyecta
mantener este año es del orden del 0,3% del PBI. Es
decir, la ley revertirá el ajustado superávit fiscal logrado que es el
principal sostén de la baja de la inflación. Si bien la ley prevé algunas
disposiciones para lograr mayores ingresos, son de difícil implementación y de
muy bajo potencial de generación de recursos adicionales.
El planteo de la oposición se
fundamenta en la endeblez de haber considerado solo una parte de la inflación
en enero del 2024, de haber mantenido congelado el bono y de haber dejado
vencer las moratorias sin dar alternativas a quienes llegan a la edad retiro
sin cumplir con el mínimo de 30 años de aportes. El fundamento del gobierno es
que su aplicación conlleva al retorno del déficit fiscal. Es muy
paradójico que los cambios que plantea la ley sancionada por el Congreso están
lejos de resolver el profundo deterioro de las jubilaciones, sin embargo, su
impacto fiscal es decisivo para derrumbar el plan de estabilización. La
explicación es que el sistema previsional necesita un ordenamiento integral. No
parches que responden más al oportunismo que a la vocación de dar soluciones.
El Congreso perdió la
oportunidad de iniciar este proceso de ordenamiento. El
punto de partida debería ser un estudio actuarial minucioso para construir una
discusión amplia y seria de los cambios normativos que lleven a la equidad y
sostenibilidad financiera del sistema. Mientras tanto hay que atender los temas
más urgentes –sin comprometer el equilibrio fiscal– eliminando el requisito de
30 años de aportes como mínimo para que la gente se jubile con la cantidad de
aportes que tenga; establecer que el haber inicial se calcule sobre toda la
vida laboral y no considerando solo los últimos 10 años trabajados; y
perfeccionar la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a fin de que
funcione como el piso garantizado de cobertura para toda la gente que llega a
la edad jubilatoria sin aportes.´
La sanción de una ley que no resuelve los problemas del sistema previsional, pero pone en juego el plan de estabilización, es un rotundo fracaso del sistema político. Mientras el oficialismo y la oposición no logran romper con la improvisación y el oportunismo que prevalece desde hace décadas, el sistema previsional se sigue degradando con consecuencias presentes y futuras muy negativas.
FUENTE: IDESA
