Por Román Reynoso para Mundo
Norte
Argentina atraviesa un hito
histórico que merece ser analizado con la profundidad que la hora demanda. A 42
años de la recuperación democrática iniciada en 1983, el país celebra su
período más extenso de continuidad institucional, un logro que contrasta brutalmente
con las seis interrupciones del orden constitucional que marcaron a fuego el
siglo XX entre 1930 y el último proceso militar. Sin embargo, un nuevo informe
de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, al que tuvo acceso este
medio, enciende las alarmas: la estabilidad política conseguida convive
peligrosamente con un deterioro alarmante en la calidad de nuestras
instituciones.
El estudio, dirigido por el
Dr. Alfonso Santiago, pone sobre la mesa el concepto de "luces y
sombras". Entre los logros indiscutibles, el sistema ha garantizado un
régimen electoral transparente y sin proscripciones, permitiendo seis
alternancias pacíficas en el poder (1989, 1999, 2003, 2015, 2019 y 2023). Es un
dato no menor que, por primera vez en nuestra historia, cinco presidentes
consecutivos hayan logrado completar sus mandatos, sepultando los fantasmas de
la inestabilidad que solían rondar la Casa Rosada.
El informe destaca además dos
estadísticas que grafican la madurez de la convivencia política: llevamos 24
años sin declaraciones de estado de sitio —la última fue durante la crisis de
2001— y dos décadas sin intervenciones federales a las provincias, siendo la de
Santiago del Estero en 2005 el último antecedente. A esto se suma la vigencia
de la Reforma Constitucional de 1994, considerada la más legítima de nuestra
historia, y una consolidada cultura de defensa de los derechos humanos.
Pero el análisis se torna
sombrío cuando el foco se posa sobre el funcionamiento republicano. La
"deuda pendiente", según detalla el documento de la Universidad
Austral, es la calidad institucional. Los números son contundentes y
preocupantes: más de un tercio de los juzgados federales se encuentran
vacantes, una parálisis que atenta directamente contra la administración de
justicia.
La gravedad se acentúa al
observar la falta de nombramientos clave: la Corte Suprema de Justicia opera
con vacantes sin cubrir, y figuras esenciales para el control y la defensa
ciudadana, como el Procurador General y el Defensor del Pueblo, permanecen en
un limbo de indefinición política que debilita el sistema de contrapesos.
Otro punto crítico que resalta
el informe es el abuso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La cifra
es elocuente: se han dictado 1.422 DNU frente a 4.742 leyes sancionadas por el
Congreso. Esta desproporción revela una tendencia del Poder Ejecutivo a
legislar por decreto, eludiendo el debate parlamentario y forzando los límites
del diseño constitucional.
En conclusión, si bien la democracia argentina ha demostrado una resiliencia formidable para sostenerse en el tiempo y resolver conflictos mediante el voto, el desafío actual ya no es la permanencia, sino la calidad. La estabilidad no puede ser un fin en sí mismo si las instituciones que deben garantizarla se vacían de contenido y legitimidad.
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