Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El ambicioso proyecto de
reforma laboral ya ingresó al Congreso de la Nación con casi 200 artículos y
una promesa central: promover la formalización masiva de trabajadores para, de
paso, oxigenar las cuentas del sistema previsional. Sin embargo, un reciente
informe técnico enciende las luces de alarma sobre una "debilidad de
origen" que podría hacer naufragar los objetivos del gobierno: la
iniciativa no contempla la realidad de las micro y pequeñas empresas,
verdaderas protagonistas del empleo no registrado en la Argentina.
Según un análisis del
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), publicado este 14 de
diciembre, la estrategia oficial falla en el diagnóstico. Las cifras del INDEC
son contundentes: el 40% de los asalariados privados en el país son informales.
Pero el dato clave es dónde están esos trabajadores. El 80% se desempeña en
microempresas de menos de 10 empleados. Es decir, la informalidad no es un
fenómeno de las grandes corporaciones, donde la incidencia es marginal (4%),
sino un drama del tejido pyme más vulnerable.
El problema de medir a todos
con la misma vara
El reporte de IDESA señala que
obligar a un kiosco o a un pequeño taller a cumplir con los mismos Convenios
Colectivos de Trabajo (CCT) diseñados para grandes industrias es una trampa que
empuja a la ilegalidad. Estos convenios, muchos de ellos con décadas de
antigüedad y obsoletos, imponen burocracias y costos que las microempresas no
pueden afrontar.
La propuesta técnica para
"salvar" la reforma es pragmática y audaz: permitir que las empresas
de menos de 10 trabajadores queden excluidas de los convenios colectivos de
actividad. Estos emprendimientos deberían regirse únicamente por la Ley de
Contrato de Trabajo (respetando jornada legal, salario mínimo, aguinaldo y
vacaciones), sin las cargas adicionales de los sindicatos sectoriales. Para las
empresas medianas (de 10 a 100 empleados), se sugiere la opción de negociar
convenios propios por empresa.
El costo fiscal: menos oneroso
de lo que se cree
El otro gran obstáculo son las
cargas sociales. Aquí, la solución planteada es establecer un mínimo no
imponible a la masa salarial para las contribuciones patronales. El Consejo de
Política Social ya ha puesto una cifra sobre la mesa: $5.000.000 mensuales
libres de contribuciones.
Lo interesante es el análisis
de costos. Según las estimaciones, esta medida fiscal tendría un costo del
0,23% del PBI. Para ponerlo en perspectiva, es menos de la mitad de lo que
costará el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para despidos, calculado en
un 0,5% del PBI. Es decir, aliviar a las PyMEs para que contraten en blanco es
más barato para el Estado que financiar el nuevo sistema indemnizatorio.
La conclusión es tajante: si el Congreso no corrige este sesgo y adapta la norma a la realidad de las pymes, la reforma corre el riesgo de ser solo un cambio de reglas para los que ya están dentro del sistema, dejando intacto el núcleo duro de la informalidad en la Argentina.
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