Por Román Reynoso para Mundo
Norte
En medio del acalorado debate
sobre la modernización de las leyes de trabajo en la Argentina, ingresó al
Congreso de la Nación una iniciativa que busca romper la falsa dicotomía entre
derechos adquiridos y competitividad de mercado. Se trata del proyecto de ley
de "Innovación Justa para el Trabajo y el Desarrollo Productivo",
impulsado por el Licenciado Javier Forlenza, que plantea un esquema de
actualización normativa con eje en la tecnología, la capacitación y los
incentivos fiscales condicionados.
La propuesta surge como una
alternativa a las discusiones actuales, intentando ofrecer una "visión
humanista" y equilibrada frente a la transición tecnológica que atraviesa
el mercado laboral global. El texto reconoce la necesidad urgente de generar
empleo formal y aumentar la productividad, pero advierte que la competitividad
del siglo XXI "no se construye ajustando hacia abajo", sino
invirtiendo en talento y desarrollo.
Flexibilidad, pero con lupa en
las paritarias
Uno de los puntos más
sensibles de cualquier reforma es la flexibilidad. El artículo 3° del proyecto
introduce la posibilidad de modificar las modalidades de trabajo, pero con un "control
paritario" estricto: cualquier cambio deberá ser homologado por
Comisiones Mixtas Sindicales-Empresariales. Además, se establece una cláusula
de garantía clave para el trabajador: la "reversibilidad" en
caso de que las nuevas condiciones le generen un perjuicio.
El "blindaje" ante
la Inteligencia Artificial
Anticipándose al impacto de la
automatización, la ley estipula un mecanismo de protección en la transición
tecnológica. El artículo 5° obliga a las empresas que incorporen Inteligencia
Artificial o automaticen procesos a notificarlo con seis meses de antelación
tanto al Ministerio de Trabajo como a los sindicatos. El objetivo no es frenar
el avance, sino activar "programas de reconversión laboral" para
evitar despidos masivos y conservar el empleo de calidad.
Bono Fiscal: el incentivo para
las PyMEs y empresas
El proyecto entiende que la
presión tributaria es una traba para la contratación. Por eso, crea el "Bono
Fiscal Tecnológico", un crédito fiscal transferible que las empresas
podrán usar para pagar impuestos nacionales. Sin embargo, este beneficio no es
un cheque en blanco. Para acceder, los empleadores deberán cumplir requisitos
estrictos: creación neta de empleo formal, una estabilidad mínima de 24 meses
de los contratados y la inclusión de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
De los planes sociales al
empleo genuino
En sintonía con una demanda
social creciente, el Título III del proyecto propone la transformación de los
programas sociales. La iniciativa busca convertirlos en plataformas de
capacitación y certificación de competencias, articulando directamente con municipios
y centros de formación profesional. Se plantea la creación de un
"Ecosistema Nacional del Talento Digital" para democratizar el acceso
a las nuevas tecnologías y mejorar la empleabilidad de la ciudadanía.
Una mirada federal
Finalmente, el proyecto
contempla las asimetrías del interior del país mediante un "Régimen
Productivo Territorial". Este apartado busca promover inversiones en
regiones con menor densidad industrial, exigiendo a las empresas un plan que
detalle el impacto local y el encadenamiento con proveedores de la zona.
La iniciativa de Forlenza intenta zanjar la grieta legislativa con una premisa clara: "El debate sobre el futuro del trabajo no puede plantearse como un dilema entre rigidez o flexibilización”. Restará ver si el arco político está dispuesto a discutir una reforma que pone condiciones al capital, pero que a su vez le ofrece herramientas concretas de alivio fiscal y modernización.
Portal de Noticias MundoNorte Instagram: @mundonorte
