Por Román Reynoso para Mundo
Norte.
El transporte público en el
Área Metropolitana de Buenos Aires y diversas jurisdicciones del país se
encuentra en una situación de extrema fragilidad. Tras el fracaso de la
audiencia celebrada este martes 27 de enero, la Unión Tranviarios Automotor y
las cámaras empresarias del sector no lograron acercar posiciones, lo que
coloca a millones de usuarios a las puertas de una medida de fuerza de alcance
nacional.
La negociación, supervisada
por la Secretaría de Trabajo, se mantiene estancada debido a la brecha
insalvable entre las pretensiones sindicales y la capacidad de pago declarada
por las empresas. Desde el gremio conducido por Roberto Fernández calificaron
de insuficiente la propuesta empresarial —que rondaría apenas un 1% de
aumento—, argumentando que no alcanza para compensar la erosión del poder
adquisitivo frente a la inflación acumulada.
Por su parte, las cámaras que
agrupan a las patronales insisten en que el sector atraviesa una crisis
financiera y operativa crítica. Según los representantes del sector, la
viabilidad de cualquier incremento salarial está sujeta a una mayor asistencia
estatal o a una revisión integral de la estructura de costos y subsidios, temas
que actualmente se discuten con las carteras de Economía y Transporte.
La tensión ha llegado a un punto de no retorno: la UTA ya advirtió formalmente que, de no mediar una oferta superadora en la próxima instancia, se iniciarán de inmediato medidas de acción gremial. El viernes será la fecha clave. A las 11 de la mañana, las partes volverán a verse las caras en una audiencia presencial que definirá si habrá colectivos el fin de semana o si el conflicto escala hacia un paro total de actividades.
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