"El derecho a la
independencia política no está garantizado por un acto de voluntad; es el
resultado de una historia en la que se entrelazan la fuerza, la ley y la
legitimidad" (Arendt, 1958, p. 17).
La irrupción de fuerzas
especiales norteamericanas en Caracas para extraer a Nicolás Maduro del
territorio venezolano no representó únicamente un evento de violencia política
extrema, sino que activó una tensión filosófica que ha perseguido a la modernidad
desde su origen: la disputa irreconciliable entre soberanía, legitimidad y el
ejercicio crudo de la fuerza.
Los relatos periodísticos
coinciden en describir la operación como una intervención militar
estadounidense de gran escala que culminó con la detención y traslado del
tirano venezolano fuera de su territorio. Ahora bien, desde la perspectiva
normativa, la captura- y la consiguiente ocurrencia de golpes, explosiones y
riesgo de víctimas civiles- obliga a replantear cómo pensamos la soberanía
estatal en clave de responsabilidad moral y legal.
Si comprendemos la soberanía
como la facultad última de decisión de un pueblo sobre su propio destino dentro
de un territorio determinado, debemos también reconocer que tal condición no
puede ser un cheque en blanco absoluto ni permanecer indemne a la moralidad de
los gobernantes de turno. El derecho internacional moderno protege la
integridad territorial y la no intervención, pero también ha ido integrando el
imperativo de la responsabilidad cuando el ejercicio del poder degenera en un
atropello sistemático a la dignidad humana.
En este escenario, la
soberanía deja de ser una abstracción jurídica para transformarse en un
problema ético que demanda replantear la responsabilidad moral frente al abuso
del poder. La cuestión crítica reside, precisamente, en cómo conciliar la
protección de la vida y la dignidad humana frente a la defensa de la
arquitectura jurídica que sostiene a los Estados.
Considerando este contexto,
emerge entonces la aporía central de la tragedia venezolana: la parálisis de la
soberanía interna frente a un régimen degenerado que ha corrompido, durante
décadas, los mecanismos de expresión de la voluntad popular. Nos enfrentamos a
la paradoja de un pueblo que, tras años de elecciones fallidas y una
resistencia cívica y militar sistemáticamente desarticulada, se halla en una
imposibilidad fáctica de resolver su propio destino.
Esta "impotencia
soberana" plantea un dilema perturbador: si la auto-liberación es inviable
debido a la desproporción de los medios de coacción del Estado, ¿se vuelve
legítima la irrupción de una fuerza superior externa para resolver aquello que,
de otro modo, permanecería estancado en la opresión? Al respecto, es necesario
recuperar la noción de soberanía popular que sostiene que el poder reside en el
pueblo, pero surge la interrogante sobre qué ocurre cuando ese pueblo ha sido
despojado de toda posibilidad de actuar políticamente.
En su obra
"Leviatán", Thomas Hobbes ya advertía sobre la fragilidad del pacto
social cuando el soberano incumple su función de protección: "La
obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de
durar ni un momento más de lo que dure el poder mediante el cual tiene
capacidad para protegerlos" (Hobbes, 1651/2017, p. 254). Sin
embargo, en el contexto contemporáneo, la caída del protector no surge de una
rebelión interna exitosa, sino de un actor ajeno que reclama para sí la
ejecución de una justicia que el propio cuerpo político no pudo articular.
Esta situación de quiebre
institucional y vulnerabilidad exterior no es, sin embargo, un acontecimiento
fortuito o imprevisto. Como sostuve hace un mes en mi análisis titulado
"Mientras Maduro baila, la soberanía de Venezuela se estremece", existía
ya una advertencia clara sobre cómo el vaciamiento de la institucionalidad
democrática y la entrega de los resortes del Estado a una élite cerrada
terminarían por herir de muerte la soberanía nacional, dejándola a merced de
voluntades extranjeras. En dicho texto, se alertaba con precisión que "la
soberanía no es sólo una declaración retórica de independencia, sino una praxis
cotidiana de autodeterminación que, al ser asfixiada internamente, invita a la
intervención como única vía de resolución, aunque ésta sea traumática" (Prieto
Femenía, 2025). La incapacidad política interna para canalizar el conflicto y
la degradación de la soberanía en un simple escudo para la impunidad del mando
crearon las condiciones de posibilidad para que un poder externo se adjudique
la facultad de decidir sobre el territorio y sus actores.
La advertencia sobre estos
problemas de soberanía subrayaba que, cuando el Estado se divorcia del
bienestar de su pueblo y se convierte en una estructura de ocupación interna,
la "herida" de la soberanía se vuelve profunda e infecta. Este aviso
filosófico y político se ha materializado el día 03 de enero de 2026 en la
operación militar precitada, confirmando que la ausencia de una resistencia
interna con capacidad de fuego o articulación política real deja un vacío que
la geopolítica de la fuerza siempre intenta llenar. Así, lo que hoy vemos como
una extracción quirúrgica, es, en realidad, el desenlace de un proceso de
erosión soberana que ya había sido denunciado: "la verdadera
soberanía se pierde mucha antes de que llegue el primer avión extranjero; se
pierde cuando un pueblo ya no tiene voz ni medios para interpelar a sus
gobernantes" (Prieto Femenía, 2025).
Esta paradoja se profundiza al
observar la selectividad y la incompletitud de la intervención. Mientras
Estados Unidos captura a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, la cúpula
militar y política que ha servido de andamiaje corrupto al régimen permanece
intacta en territorio venezolano. La permanencia de figuras clave como Diosdado
Cabello o Vladimir Padrino López plantea un escenario de soberanía fragmentada
y peligrosa.
Lejos de desarticular la
estructura pútrida de poder, la extracción precisa de la cabeza del Ejecutivo
deja a la nación en manos de una casta militar que no sólo ha respaldado a
Delcy Rodríguez en la vicepresidencia, sino que exige la liberación de Maduro,
manteniendo el control de los medios de coacción (La Voz, 3 de enero de 2026).
Esta realidad evidencia que la fuerza externa, por muy superior que sea, es
incapaz de extirpar las raíces de un sistema cuando se limita a la captura de
símbolos individuales, dejando atrás una estructura de mando que Infobae (2026)
y Clarín (2026) describen como el verdadero núcleo de la resistencia del
chavismo. Ahora bien, la pregunta filosófica aquí es si se puede hablar de
"liberación" cuando el aparato represivo que sostuvo al tirano
permanece incólume, detentando ahora de un poder quizás más errático y
desesperado.
Esta praxis unilateral
erosionada por la intervención extranjera genera una profunda contradicción
entre el "hacer" externo y el "decidir" interno. El
presidente constitucional en el exilio, Edmundo González Urrutia, ante la
conmoción de los hechos, ha manifestado una postura que busca rescatar la
acción de los ciudadanos frente al impacto del evento militar. Al afirmar que
los venezolanos deben estar "listos para la gran operación de la
reconstrucción de nuestra nación", González Urrutia intenta trasladar
el eje de la soberanía desde el acto de la fuerza estadounidense hacia la
capacidad de reorganización de la sociedad civil (Perfil, 3 de enero de 2026).
Las declaraciones
precedentemente explicitadas remarcan que la verdadera soberanía no se agota en
la remoción física del opresor, sino la reconstrucción del Estado de
derecho: "Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad
y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la
base de la reconstrucción de la nación" (González Urrutia, citado
en El Universal, 2026). Esta apelación a los principios democráticos actúa como
un contrapeso necesario ante la narrativa de la "soberanía imperial",
recordando que la legitimidad de origen debe ser convalidada por una
legitimidad de ejercicio que sólo el pueblo puede otorgar.
La captura forzada de un jefe
de Estado por una potencia extranjera despliega, por tanto, dos familias de
objeciones que no son mutuamente excluyentes. La primera alude a la legitimidad
normativa: ¿puede una potencia externa vulnerar el principio de no intervención
alegando una suerte de justicia transnacional? La segunda se centra en la
eficacia política y ética: aún concediendo la justeza de quitar de la escena a
un régimen represor, ¿es la violencia armada una vía que asegura una transición
legítima, estable y justa?
La fuerza instrumental, cuando
se despliega al margen de los procesos deliberativos, genera vacíos de poder
que no necesariamente conducen a una restauración democrática, sino a nuevas
formas de dependencia o resentimiento. Los registros de la operación en Caracas
documentan impactos directos: daños en infraestructura, desplazamientos y
pérdida de vidas, indicativos de que la violencia entraña costos humanos que
difícilmente se compensan con la mera expulsión del individuo en el poder. En
este punto, es fundamental diferenciar entre la intención y la consecuencia.
Como bien señaló Kant en su obra "Sobre la paz perpetua", "un
Estado no es (como el suelo sobre el que tiene su sede) un haber (patrimonial).
Es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que él mismo tiene que mandar
y disponer" (Kant, 1795/2012, p. 7).
Esta dinámica unilateral
habilita una reciprocidad peligrosa donde la ley se vuelve instrumental a la
voluntad del más fuerte, comprometiendo la seguridad jurídica global. Existe,
además, un problema de representación moral: actuar en nombre de una población
desde el exterior implica sustituir procesos autónomos de emancipación por
soluciones impuestas. Criticar la intervención no equivale a defender al tirano
decadente; mas bien, reivindica la prioridad de los procesos internos de
soberanía, que, aunque falibles, tienen la ventaja de producir acuerdos
comprensibles para la comunidad política. No se puede soslayar la dimensión
realista: las democracias occidentales poseen medios materiales para incidir
decisivamente, pero este ejercicio obedece a intereses geoestratégicos que a
menudo anulan la voluntad popular que dicen defender.
Tras haber realizado este
humilde análisis, nos queda claro que la extracción de un gobernante por
fuerzas externas nos sitúa frente a una herida abierta que la política debe
intentar sanar mediante la justicia y no mediante la fuerza bruta. Este escenario
nos obliga a interrogar: ¿Es verdaderamente posible reinventar el derecho
internacional para que proteja a los pueblos sin que éste se degrade hasta
convertirse en un mero instrumento de dominación para los más poderosos? Si la
parálisis interna de una nación es total y sus mecanismos democráticos han sido
pulverizados por décadas de corrupción, ¿es la intervención extranjera el único
remedio posible o es el síntoma definitivo de un sistema global que ha
fracasado en garantizar la autonomía de los pueblos?
También, debemos preguntarnos qué tipo de prácticas garantizarían transiciones legítimas en contextos de autoritarismo extremo sin imponer soluciones externas que anulan la capacidad de actuar políticamente de la comunidad y su capacidad de autodeterminación, especialmente cuando tales intervenciones dejan intactas las estructuras militares que sostuvieron la tiranía. En última instancia, si la liberación se logra mediante la violencia ajena y parcial, ¿qué sentido profundo tendrá la libertad obtenida y quién se sentirá con el derecho de custodiarla en el futuro? Michel Foucault, en sus lecciones sobre el poder, recordaba que la libertad es una práctica y que "el derecho de soberanía es, pues, el que se aplica a la vida y a la muerte" (Foucault, 1976/2000, p. 218). Esta reflexión nos deja ante el desafío de concebir una imaginación política capaz de proponer alternativas a la violencia como eje de resolución, pues sólo a través de una institucionalidad robusta y el acompañamiento de procesos de reconstrucción interna se podrá evitar que la soberanía siga siendo un campo de batalla para los intereses ajenos.
LISANDRO PRIETO FEMENÍA
