Por Román Reynoso para Mundo
Norte
Desde las primeras horas de este
lunes 16 de marzo, el traslado cotidiano en el área metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) dejó de tener el mismo costo. El nuevo cuadro tarifario para los
colectivos no es solo un ajuste administrativo; representa un golpe directo a
la estructura de gastos de los empleados que, en su mayoría, dependen de al
menos dos medios de transporte para cumplir con su jornada laboral.
En un contexto donde las
paritarias corren por detrás de la inflación de servicios, el incremento del
boleto mínimo se traduce en una presión adicional sobre el ingreso disponible.
Para un trabajador que realiza dos viajes diarios de ida y vuelta, el gasto
mensual en transporte comienza a ocupar un porcentaje de dos dígitos dentro de
la canasta básica total, obligando a muchas familias a reconfigurar consumos
esenciales para cubrir el costo de la movilidad.
La medida, impulsada por la
reducción de las partidas de subsidios nacionales y el ajuste por costos
operativos de las empresas, profundiza la brecha entre el salario real y el
costo de vida. Si bien se mantiene la vigencia de la tarifa social y los descuentos
de la red sube por trasbordo, el requisito de tener la tarjeta debidamente
registrada se vuelve una barrera económica crítica: quienes viajan con
plásticos innominados enfrentan una tarifa penalizadora que resulta prohibitiva
para el bolsillo promedio.
Este lunes, las paradas de colectivos en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires reflejaron la resignación de un sector que no tiene alternativa de transporte. El debate de fondo sigue siendo la calidad de un servicio que aumenta su precio pero no logra mejorar sus frecuencias ni el estado de sus unidades, dejando al trabajador en la posición de financiar un sistema que todavía está lejos de ser eficiente.
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