Sin demasiado ruido y sutilmente,
el gobierno nacional va avanzando en su objetivo de acrecentar su capacidad de
regulación sobre Internet. El creciente interés de la Casa Rosada sobre este
tema poco tiene que ver con el mejoramiento de la Web. Por el contrario, en la
Casa Rosada crece la convicción de que no sólo el periodismo independiente en
Internet constituye una amenaza para el proyecto hegemónico kirchnerista sino
también que el protagonismo político de las redes sociales puede llegar aún más
lejos que con las movilizaciones de protesta del 13S y el 8N. Si bien estas
convocatorias no pueden compararse en sus efectos con la primavera árabe, el
gobierno temería que, tarde o temprano, las redes sociales desaten una situación
inmanejable. El cristinismo es consciente de que cualquier intento frontal de
controlar contenidos desataría una enorme reacción, así que elude
cuidadosamente plantear proyectos de ley como el presentado tres años atrás por
el entonces senador nacional por el Frente para la Victoria Guillermo Jenefes
(hoy vicegobernador de Jujuy) que establecía la obligación de retirar cualquier
publicación ante el solo reclamo del supuesto agraviado. Ahora el avance se da
en el campo de los organismos internacionales, donde CFK encuentra numerosos
estados aliados para el objetivo de profundizar los controles gubernamentales
sobre la Web. Al término de dos semanas de conversaciones en la Conferencia de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebrada el pasado 13 de
diciembre en Dubai, Argentina sumó su voto a favor de que a partir de ahora los
gobiernos puedan controlar los contenidos que circulan por Internet.
El artículo más polémico del
acuerdo dice: “Los Estados Miembros deben tomar las medidas necesarias para
evitar la propagación de comunicaciones masivas no solicitadas y minimizar sus
efectos en los servicios internacionales de telecomunicación. Se alienta a los
Estados Miembros a cooperar en ese sentido”.
Esta posición, encabezada
por China y Rusia, fue acompañada por el voto de 89 países, entre los que están
Irán, Sudáfrica, Colombia, Uruguay, Chile, Cuba, Venezuela, México, Paraguay,
Alemania, Italia, Holanda, España Suecia, República Checa, y varios países de África,
entre otros.
Estados Unidos y sus aliados
europeos, la rechazaron. Así, Argentina firmó, aunque con reservas, una
regulación de la red de redes. Otros 88 países también lo hicieron. Y 55,
finalmente, decidieron no votarlo.
El balance de que sólo 89 países,
de los 193 miembros de la UIT, firmaron el nuevo tratado sobre la reglamentación
de las telecomunicaciones, estaría señalando el fracaso parcial del nuevo
instrumento, auque esto no quita que los países firmantes no intenten hacerlo
valer internamente para adoptar medidas de control hasta ahora impracticables.
El paso decisivo
Jim Langevin y Michael
McCaul, que copresiden un comité de la Cámara de Representantes estadounidense
sobre la Ciberseguridad, advirtieron que la puesta en marcha de un tratado como
el firmado en Dubai “implicaría un revés importante para los que piensan que la
libertad de expresión es un derecho universal”.
“Lo que quedó claro en la
conferencia de la UIT en Dubai es que varios gobiernos quieren reforzar la
regulación y la censura en internet”, indicó igualmente el portavoz del grupo
estadounidense Google, que apoya a los países contrarios al texto.
Milton Mueller, un
especialista de la gobernabilidad de internet de la universidad de Syracusa, se
cuestiona, sin embargo, sobre el alcance real del texto aprobado en el tratado
para la libertad de internet.
“No me gustaba la resolución,
no más que a la mayoría de los defensores de los derechos en internet, pero
dudo que ese pasaje pudiera hacer tanto daño en sí mismo”, subrayó. Mueller
reveló también que los esfuerzos diplomáticos fueron complicados por las quejas
de ciertos países, frecuentemente los de peor reputación en las cuestiones
relacionadas con los derechos humanos, que se oponen a las sanciones de Estados
Unidos, lo que conlleva los cortes de algunos servicios de internet, como los
de Google.
Las empresas estadounidenses
no tienen tampoco el derecho de realizar negocios con Irán o Corea del Norte,
sometidos a estrictas sanciones de Estados Unidos. “Extraña e irónicamente, son
las naciones que defienden los derechos humanos las que utilizan el rechazo del
acceso a los servicios de internet como una manera de presión política”, indicó.
En Dubai, la Argentina se
sumó a la postura encabezada por China y Rusia, que encabezaron un bloque con
Irán, Sudáfrica, Colombia, Uruguay, Chile, Cuba, Venezuela, México, Paraguay,
Alemania, Italia, Holanda, España Suecia, República Checa, y varios países de África,
entre otros.
Ahora, yendo a las
consecuencias concretas, habrá que ver si el gobierno da el paso decisivo e
instrumenta nuevas medidas de regulación sobre Internet, invocando la letra del
nuevo tratado. De acuerdo a una versión salida de nuestra cancillería, estarían
en estudio algunos proyectos de regulación técnica que podrían marcar el
comienzo de la invasión de la libertad de expresión.
Fuente: El Informador Público
