El
gobierno y el Congreso se disponen a modificar la movilidad jubilatoria. Esto
frena la licuación, pero perpetúa las pérdidas pasadas. Es el momento apropiado
para recomponer la situación de los que se jubilaron sin haber “comprado”
aportes utilizando alguna moratoria.
Pasar a actualizar los haberes
por inflación tiene consenso, pero no en cómo hacerlo. Uno
de los proyectos plantea ajustar las jubilaciones de abril con la inflación de
enero y a partir de allí actualizar los haberes con un rezago de 3 meses (t-3).
Otro de los proyectos propone ajustar los haberes de abril con la inflación de
febrero más un 20%, por única vez, para compensar la inflación de enero y a
partir de allí seguir ajustando con un rezago de 2 meses (t-2). El
gobierno anunció la sanción de un DNU con un esquema similar a la segunda
propuesta, pero reduciendo el ajuste por única vez al 12,5%.
La pregunta que cabe hacerse
es cómo impactan estas tres alternativas sobre las jubilaciones. Considerando
la jubilación mínima y ajustando por inflación se observa que:
- Ajustando en abril con la inflación de
enero hará que en junio 2024 las jubilaciones sean aproximadamente
un 11% inferior al promedio 2023.
- Ajustando en abril con la inflación de
febrero más 20%, por única vez, hará que en junio 2024 las jubilaciones
sean un 4% inferior al promedio 2023.
- Ajustando en abril con la inflación de
febrero más 12,5%, por única vez, hará que en junio 2024 las jubilaciones
sean un 9% inferior al promedio 2023.
Pero lo más importante es que
comenzar a actualizar por inflación frena la licuación, pero perpetúa las
pérdidas acumuladas desde el 2017. Esto es una oportunidad para ordenar
las inequidades que se han cometido en los últimos 20 años con la distribución
masiva e indiscriminada de jubilaciones sin aportes. En esta perspectiva,
es aconsejable adoptar la fórmula de empezar a ajustar en abril con la
inflación de enero –que es la metodología jurídica y administrativamente más
sólida y austera desde el punto de vista fiscal– y usar ese mayor espacio
fiscal para disponer un aumento especial a las jubilaciones que fueron
obtenidas con los 30 años de aportes y por el régimen general. Constituye una
muy buena señal reconocer a quienes se jubilaron habiendo aportado.
El cambio en la movilidad no
es la herramienta para superar los problemas acumulados del sistema previsional. Lo
único que logrará es detener el proceso de deterioro real y evitar que, cuando
regrese la estabilidad de precios, el incremento en el gasto previsional
desestabilice las cuentas públicas. En cualquier caso, hay que ser muy
cuidadoso en su diseño. Por un lado, no imponer reglas que son jurídicamente
inconsistentes y administrativamente muy difícil de aplicar. Por el otro,
sincerar que se congela una fuerte licuación de los haberes y asumir esto
como una oportunidad para recomponer los haberes de la gente que hizo
el esfuerzo de aportar.
Estas medidas urgentes
facilitarán el avance hacia un ordenamiento integral del sistema. Hay
que tender a la unificación de las reglas jubilatorias para que a futuro todas
las personas se jubilen en las mismas condiciones en un marco de
sustentabilidad financiera de largo plazo. Este es uno de los grandes desafíos
que plantea el Acuerdo de Mayo.