Es motivo de polémica la
apreciación cambiaria y los tratamientos especiales para las nuevas inversiones
previstos en la Ley de Bases. Sin desconocer los riesgos de un dólar barato y
la necesidad de atraer inversiones, el desafío más importante está en las
transformaciones que plantea la agenda del Pacto de Mayo.
Se agudizan las controversias
entre los economistas sobre la apreciación que está teniendo el peso respecto
al dólar. La declaración del Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejando
mayor flexibilidad en el control del tipo de cambio, lo cual sugiere mayor
devaluación, alimenta la discusión. En este encendido debate se tiende a dejar
en segundo plano el hecho de que lo que define la capacidad del país
para competir con el mundo es la productividad. Centrar la atención en el
tipo de cambio y no en los factores que determinan la productividad lleva a
caer en el facilismo de buscar soluciones en las devaluaciones.
La productividad depende
decisivamente de las transformaciones propuestas en el Pacto de Mayo.
Hasta tanto estas reformas se instrumenten, la estrategia del gobierno es
avanzar con la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones
(RIGI) previsto en la Ley de Bases. Se trata de otorgar a las nuevas
inversiones que superen los USD 200 millones tratamientos especiales en materia
de impuestos, libertad para exportar e importar, acceso a dólares libres y
estabilidad fiscal. Esto es cuestionado porque implica un trato de privilegio
respecto al resto de los sectores.
Una referencia relevante para
evaluar el RIGI es comparar la inversión en la Argentina en el contexto
internacional. Según datos del FMI, en lo que va del presente siglo (2000 –
2023), se observa que:
- Los países emergentes de Asia (excluyendo
China) tuvieron una tasa de inversión del 30% del PBI.
- Chile tuvo una
tasa de inversión de 24% de PBI.
- Argentina tuvo
una tasa de inversión de apenas 17% del PBI.
Estos datos muestran que la
tasa de inversión de Argentina en la últimas dos décadas, comparada con la
observada en otros países emergentes, es paupérrima. Es una evidencia
concluyente de que es imprescindible promover una ola masiva de nuevos
proyectos productivos. Aumentar la inversión es la vía para elevar la
productividad y no depender de las devaluaciones para compensar la
vulnerabilidad de la producción nacional frente a la competencia externa. La
meta debería ser elevar la tasa de inversión para que se ubique en el orden del
25% al 30% del PBI.
¿Es el RIGI el instrumento
adecuado para aumentar la inversión? Como principio general
no es recomendable dar un tratamiento especial a un sector en desmedro de los
otros, porque implica crear un enclave donde se disfrutan de condiciones que se
le niegan al resto. El gobierno argumenta que, al incluir en el RIGI proyectos
que tienen plazos de larga maduración, cuando se usufructúen sus resultados,
las reglas más favorables del RIGI serán generalizadas a toda la economía.
Aunque el razonamiento sea válido, no hay que perder de vista que el
RIGI es, en el mejor de los casos, apenas un paliativo.
Para revertir el enorme
déficit de inversión se necesita construir un ambiente amigable para todo tipo
de inversiones, no solo para los grandes proyectos. Esto
solo será posible con un ambicioso cambio institucional que está planteado en
el Pacto de Mayo. Entre los puntos claves, el equilibrio fiscal con menor gasto
público, un sistema tributario menos distorsivo, sustituir el régimen de
coparticipación por uno de correspondencia fiscal, el ordenamiento previsional,
la modernización de la legislación laboral, el establecimiento de reglas
favorables para la explotación sustentable de los recursos naturales y una
integración inteligente con el mundo. Si el sistema político diera
señales claras de apoyo a estas transformaciones, rápidamente aumentaría la
inversión.
Es recomendable ponderar las
prioridades en el debate de políticas públicas. Por un lado, hay que
relativizar la confianza en la política cambiaria como herramienta para
preservar la competitividad y en el RIGI como instrumento para atraer
inversiones. Por otro lado, enfatizar la importancia de las
transformaciones que se enumeran en el Pacto de Mayo. Por eso, la
postergación de su firma provoca daños que ni la política cambiaria ni la
instrumentación del RIGI –ni ningún otro régimen de incentivos sectoriales–
pueden compensar.
FUENTE: IDESA
