Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El fuero laboral argentino
atraviesa una situación crítica que amenaza con desestabilizar el tejido
productivo nacional. Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo
Social Argentino (IDESA) encendió todas las alarmas al advertir que la
acumulación de litigios y las fórmulas de actualización vigentes están
generando pasivos impagables para miles de empresas, poniéndolas al borde de la
quiebra.
El detonante de la discusión
pública fue el reciente fallo que otorgó una indemnización de 250 millones de
pesos a un mozo con 26 años de antigüedad en un restaurante porteño. Si bien el
capital histórico calculado a 2020 era de 9,4 millones de pesos, la aplicación
del índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual —fórmula validada por
la actual legislación y jurisprudencia— disparó el monto final a cifras
astronómicas. Este caso no es aislado: la Superintendencia de Seguros de la
Nación debió inhibir recientemente a una importante Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART) debido a que el pago de sentencias actualizadas absorbió su
liquidez operativa.
Los números que maneja IDESA
son contundentes y grafican la magnitud del problema. Actualmente, existen 637.330
expedientes pendientes en la justicia, divididos casi en partes iguales
entre riesgos del trabajo (308.082) y despidos (329.248). Teniendo en cuenta
que hay 6,3 millones de asalariados registrados en el sector privado, esto
implica que el stock de juicios equivale al 10% de la fuerza laboral formal.
Un mecanismo de excepción para
una crisis excepcional
El nudo del conflicto radica
en cómo se actualizan estas deudas en un contexto de alta inflación como el
vivido en 2023 y 2024. Según el análisis, mantener las fórmulas actuales
transforma los pasivos en deudas imposibles de afrontar.
La propuesta técnica sugiere
que el Banco Central de la República Argentina (BCRA), amparado en el artículo
768 del Código Civil y Comercial, fije un criterio de actualización que
distinga el stock acumulado del flujo futuro. IDESA recomienda aplicar un índice
combinado: utilizar la Comunicación BCRA 14.290 (basada en tasas de interés de
depósitos) para las deudas hasta el 31 de diciembre de 2025, y empalmar recién
a partir de enero de 2026 con la fórmula de IPC más 3% anual prevista en el
Decreto 70/2023.
Este esquema, similar al
utilizado en 1991 para salir de la hiperinflación, busca un equilibrio:
proteger el crédito del trabajador sin destruir la fuente de trabajo. "No
establecer un mecanismo de emergencia para atender una situación de emergencia
implicará destrucción de empresas y empleos", concluye el informe de
manera categórica. La pelota ahora está en el campo del Banco Central y de la
Justicia, quienes deberán decidir si aplican un torniquete financiero antes de
que la hemorragia de juicios se lleve puestas a más pymes argentinas.
Fuente: IDESA
