Por Román Reynoso para Mundo
Norte.
El sistema estadístico
nacional se encuentra ante una reforma estructural necesaria. El proyecto de
ley presentado por la diputada nacional Roxana Monzón, titulado "Reforma,
Modernización y Actualización del Sistema Estadístico Nacional – INDEC",
pone el foco en una deuda pendiente de la democracia: la representatividad de
los datos frente a los nuevos hábitos de consumo de los argentinos.
La iniciativa, que consta de
10 artículos técnicos y una sólida fundamentación, busca garantizar la independencia
técnica del INDEC y fortalecer su institucionalidad frente a posibles
injerencias políticas. El corazón de la propuesta radica en la actualización
obligatoria de la canasta de bienes y servicios que componen el Índice de
Precios al Consumidor (IPC), sustentada en la Encuesta Nacional de Gastos de
los Hogares (ENGHo), que deberá realizarse con una periodicidad máxima de
cinco años.
Los puntos centrales de la
reforma:
- Inclusión de nuevos consumos:
El proyecto ordena contemplar servicios de conectividad digital (telefonía
móvil e internet), medicina prepaga, alquileres y transporte público con
una perspectiva federal, reconociendo las asimetrías regionales.
- Autonomía técnica:
El artículo 5° prohíbe taxativamente cualquier forma de injerencia
política o sectorial que pueda afectar la objetividad y credibilidad de
los datos oficiales.
- Control Federal:
Se propone la creación del Consejo Federal de Seguimiento del Sistema
Estadístico Nacional, un órgano ad honorem integrado por 35
miembros que representarán a las provincias, la CABA, el Congreso,
universidades y sociedades científicas.
- Medición del endeudamiento:
Un dato novedoso es que el INDEC deberá contemplar el nivel de endeudamiento
formal e informal de las familias para precisar el ingreso disponible
real de los hogares.
Análisis: El fin del desfasaje
estadístico
Según los fundamentos del
proyecto, la Argentina ha utilizado históricamente bases de datos con
interrupciones de hasta 10 años, lo que genera un "profundo
desfasaje" en la medición de la pobreza y el costo de vida. En un
escenario de alta inflación y cambios tecnológicos acelerados, una estadística
desactualizada no es solo un error técnico, sino una distorsión que afecta
directamente el cálculo de salarios, jubilaciones y la planificación de
políticas públicas.
La diputada Monzón sostiene que la sanción de esta ley permitirá al Estado contar con un "bien público esencial" para la democracia, asegurando que el índice de inflación que escuchamos mes a mes sea un reflejo fiel de lo que ocurre dentro de los hogares argentinos.
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