La reciente imposibilidad de
sancionar las leyes de Presupuesto y Fiscal Impositiva en la provincia de
Buenos Aires ha destapado una intensa negociación política, donde las vacantes
en la Suprema Corte de Justicia se han convertido en un punto clave de conflicto.
Lo que inicialmente parecía una cuestión presupuestaria, ahora revela una pugna
por el poder judicial, con múltiples actores buscando posicionarse en el máximo
tribunal bonaerense.
La ambición de Maximiliano
Abad y el rol de su esposa:
El senador Maximiliano Abad
está en el centro de la polémica, acusado de presionar para que su esposa, Marina
Sánchez Herrero, actual titular del Concejo Deliberante de Mar del Plata y
vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del
Plata, ocupe una de las sillas vacantes en la Corte. Este interés personal ha
sido señalado como uno de los principales obstáculos para avanzar en las
negociaciones presupuestarias. Aunque desde su entorno niegan que haya nombres
definidos, la posibilidad de que Sánchez Herrero sea propuesta no sorprende,
pues su nombre ha sonado para este cargo desde hace más de dos años.
La interna radical y la
división de poder:
La Unión Cívica Radical
(UCR), partido al que pertenece Abad, también tiene sus propias disputas
internas. Con dos bloques en la Cámara de Diputados, la UCR busca asegurar su
lugar en la Corte, mientras que los adversarios de Abad dentro del partido lo
acusan de priorizar sus intereses personales. Además, la UCR busca aumentar la
representación femenina en el poder judicial, aunque esta postura no se
evidencia en el ámbito nacional, donde Abad no ha propuesto mujeres para la
Corte Suprema de Justicia.
El tablero de ajedrez
político:
La oposición, que incluye al
PRO, libertarios y radicales, se encuentra atomizada, lo que dificulta la
negociación con el gobernador Axel Kicillof. La oposición tiene la llave
para la toma de deuda, obligando a Kicillof a negociar. El PRO, se cree, ya ha
asegurado su parte en la justicia con la designación de Julio Conte Grand y
Sergio Torres. Los libertarios, en la figura de Agustín Romo, han dejado claro
que votarán a favor si se les cede un espacio en la Corte.
Las vacantes y el sistema
judicial:
El máximo tribunal de Justicia
bonaerense debería tener siete miembros, pero actualmente solo cuenta con tres:
Daniel Soria, Hilda Kogan y Sergio Torres. Esta situación ha generado un
problema mayor: la necesidad de cubrir las vacantes judiciales en el conurbano
y el interior que, hasta hace poco, tenían casi paralizado al sistema de
justicia. Aunque se ha avanzado en la cobertura de algunas vacantes, aún quedan
463 lugares pendientes y 205 pliegos en estudio.
Negociaciones y posibles
escenarios:
La falta de unidad en la
oposición ha complicado las negociaciones para los cargos en la Corte, y en
otras áreas como el Banco Provincia o el Consejo de Educación. El gobierno de
Kicillof ve en esta dispersión una ventaja, pero también un problema a la hora
de llegar a un acuerdo. La mesa de negociación se reabrirá el 7 de enero,
buscando destrabar la situación y llegar a un acuerdo para sesionar en febrero.
Podemos inferir entonces que
producto de la disputa por las vacantes en la Suprema Corte bonaerense se ha
convertido en un campo de batalla político donde intereses personales,
partidarios y de poder se entrelazan con la necesidad de un sistema judicial
funcional. La situación actual demuestra la complejidad de la política
bonaerense, donde la negociación y los acuerdos parecen ser la única vía para
destrabar el conflicto.
La próxima reunión de mañana, 7 de enero, será crucial para observar si los actores involucrados logran llegar a un consenso que beneficie a la provincia en su conjunto.
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