El juez federal Alejo Ramos
Padilla suspendió este viernes el decreto 116/2025 del presidente Javier Milei,
que buscaba convertir al Banco de la Nación Argentina (BNA) en una Sociedad
Anónima (SA). La medida cautelar, emitida en el marco de una causa judicial
iniciada en 2023 por empleados del banco, ordena al Gobierno y a la entidad
“abstenerse de toda acción” para implementar el polémico cambio. El fallo
subraya que solo el Congreso Nacional tiene facultad para modificar el estatus
de una entidad autárquica creada por ley, como el BNA.
Argumentos clave del fallo
Ramos Padilla fundamentó su
decisión en dos ejes:
1. Invasión de competencias: El
BNA fue creado en 1891 mediante la ley 2.841, que establece su carácter
autárquico. Cualquier alteración de su estructura jurídica debe ser aprobada
por el Poder Legislativo, no por decreto.
2. Riesgo de privatización
encubierta: Aunque el decreto no menciona privatizar el
banco, el magistrado advirtió que convertir al BNA en SA podría allanar el
camino para la entrada de capitales privados, algo que el Congreso ya había
excluido en la Ley Bases y el DNU 70/2023.
“La conversión a SA no es
neutral: implica flexibilizar su estructura para eventuales cambios futuros”,
señaló el juez en su resolución de 15 páginas. Además, recordó que en
septiembre de 2023 ya había declarado inválidos intentos previos de alterar el
estatus del banco sin aval legislativo.
La postura del Gobierno
El Ejecutivo defendió el
decreto como un paso para “modernizar” el BNA, facilitando su capitalización y
removiendo restricciones propias de una Sociedad del Estado. Sin embargo, el
fallo cuestiona la base legal de esta decisión: la Ley Bases excluyó
expresamente al banco de las entidades sujetas a privatización, y el DNU
70/2023 tampoco autoriza cambios en entes autárquicos.
El Gobierno tiene cinco días
hábiles para presentar sus argumentos ante el juzgado. De no lograr revertir la
medida cautelar, podría apelar ante la Cámara Federal de La Plata.
Análisis político: Tensión
entre poderes
La resolución de Ramos Padilla
reaviva el conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Judicial,
marcado por la insistencia de Milei en avanzar con reformas mediante decretos.
Para el oficialismo, la medida judicial representa un obstáculo a su agenda de
flexibilización del Estado; para la oposición, un freno necesario a lo que
califican como “avances inconstitucionales”.
Además, el caso refleja la
resistencia interna dentro del propio BNA: en 2023, un grupo de empleados
inició la causa judicial que hoy cobra relevancia, argumentando que el decreto
viola principios de autonomía y transparencia.
¿Qué sigue?
- Respuesta del Gobierno:
Se espera que la administración de Milei apele la medida en los próximos
días.
- Definición judicial:
Ramos Padilla deberá resolver si ratifica o revoca la cautelar una vez
evaluados los argumentos oficiales.
- Impacto económico: La
incertidumbre jurídica podría afectar los planes de capitalización del banco,
clave en la estrategia económica del Gobierno.
Mientras tanto, el BNA sigue operando bajo su estatus actual, pero el debate sobre su futuro jurídico y político promete escalar en las próximas semanas, en un escenario donde la puja entre reformismo y legalidad define el rumbo institucional.
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