En una contundente entrevista
con Mundo Norte Magazine, el Dr. Juan Cruz San Martín, abogado de Ian Moche,
desgranó los detalles de la agresión del presidente Javier Milei al niño de 12
años y la demanda judicial que no busca dinero, sino sentar un precedente:
"El límite de la libertad de expresión es el daño a otra persona".
Redacción Mundo Norte - La
agresión en redes sociales del presidente de la Nación, Javier Milei, a Ian
Moche, un niño de 12 años con autismo y reconocido activista por los derechos
de las personas con discapacidad ha escalado a una batalla judicial que pone en
tensión la libertad de expresión, el honor y el interés superior del niño. En
diálogo exclusivo con Román Reynoso en el programa "Mundo Norte
Magazine" de Radio Simphony 91.3, el Dr. Juan Cruz San Martín, abogado de
Ian, calificó el hecho como "obsceno" y detalló las acciones legales
que buscan, ante todo, el respeto.
El conflicto se desató luego
de que Ian, en un programa de streaming, relatara una conversación con el
titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien supuestamente le dijo que
"si tuvieron un hijo con discapacidad no es responsabilidad del
Estado". Esta declaración, que se viralizó rápidamente, fue el
preludio del ataque.
Poco después, el presidente
Milei utilizó su cuenta oficial de X (ex Twitter), validada con la tilde gris
que acredita su investidura, para retuitear una publicación de una cuenta
anónima. Dicha publicación tildaba a Ian de "Cuca, operador del kirchnerismo
contra el gobierno", entre otras descalificaciones.
"Lo que se instrumenta
primero son los odiadores seriales por todos lados", explicó San Martín,
relatando la peligrosa escalada que siguió al tuit presidencial. Lo más grave,
según denunció, fue la difusión de imágenes de la casa de Ian y la escuela a la
que asiste. "Es muy peligroso eso, roza la dictadura militar. La única
diferencia es que no fueron a la noche y secuestraron a nadie",
sentenció el letrado, subrayando el riesgo de que "cualquier fanático
pueda hacer cualquier cosa" en el actual clima de violencia
discursiva.
Ante esta situación, la
familia decidió resguardar al niño, cesando temporalmente sus actividades
públicas. Fue el propio Ian quien, tras dos semanas de silencio, le dijo a su
madre: "El presidente no puede hacer eso".
Una demanda por respeto, no
por dinero
El Dr. San Martín aclaró que
la acción judicial iniciada es una "medida autosatisfactiva", un
proceso urgente que busca una solución rápida a un agravio evidente. El
objetivo es uno solo: que el presidente elimine la publicación.
"Acá lo que se busca es
el respeto", enfatizó el abogado. "No se lo
denuncia penalmente, cuando tipifica su conducta, y tampoco se acciona
civilmente para solicitar un resarcimiento económico, pudiendo hacerlo".
Esta decisión, explicó, busca desmontar el relato que intentaron instalar de
que Ian es un "mercenario" que "busca plata".
La defensa del presidente, sin
embargo, fue negarse a borrar el tuit, amparándose en la libertad de expresión.
"La libertad de expresión tiene como límite el daño a otra
persona", replicó San Martín, y añadió: "El titular del Poder
Ejecutivo de la Nación, agrediendo a un niño dentro del espectro autista, es
obsceno".
El voto como herramienta de
cambio
Para el abogado, este ataque
no es un hecho aislado, sino que "coincide completamente" con el
comportamiento general del gobierno hacia el sector. Mencionó las auditorías
"inescrupulosas" a las pensiones por discapacidad, los aumentos
insuficientes y los recortes en prestaciones como parte de una misma política.
Finalmente, el Dr. San Martín
hizo un llamado contundente a la acción cívica. Recordó que en Argentina hay
aproximadamente 3 millones de personas con discapacidad habilitadas para votar.
"Si esas 3 millones de personas, más mamá o papá o terapeuta, votan,
revertimos la elección", aseguró.
"Esta batalla se gana en
las urnas", concluyó, instando a la comunidad a tomar
conciencia del poder de su voto. "Esta emergencia de discapacidad se
soluciona con alguien que crea en la existencia del Estado. Sin Estado no hay
derechos, mucho menos para las personas con discapacidad".
Mientras la justicia federal debe resolver el pedido, la expectativa del letrado es que se priorice "el derecho más importante después de la vida y la salud, que es el interés superior del niño".
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