Durante la última sesión se emplazó el tratamiento en comisiones del Proyecto de Ley que declara la Emergencia para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para dictaminar en las próximas dos semanas.
Entre varios proyectos que hay para dar respuesta a la grave situación que vive
el sector, se encuentra el que presentó la diputada Roxana Monzón (UxP) y que
declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las MiPyMEs
nacionales por el transcurso de un año, prorrogable por el mismo período, con
el objeto de sostener la actividad productiva y comercial, así como también
proteger el desarrollo económico y empleo en el actual contexto recesivo que
atraviesa el país.
En Argentina existen en total 547.970 empresas, de las cuales el 97,8%
(536.076) son MiPyMEs. Este sector, a su vez, es el que más riqueza aporta y
el que más trabajo genera. Casi el 70% del empleo formal en el país depende de
las MiPyMEs, generan el 67% del valor agregado y el 40% del PBI.
Además, son las que impulsan las economías locales, generando empleo y riqueza,
al mismo tiempo que fortalecen el sentido de pertenencia en la comunidad. Por
lo que son fundamentales para un desarrollo sostenible y con inclusión del
país.
Sin embargo, estas empresas están atravesando una profunda crisis debido al
brutal ajuste implementado por el actual gobierno nacional, que ha
desfinanciado los programas de apoyo al sector. Esto incluye tanto el acceso
al crédito para insumos y bienes de capital, como los programas destinados a
apoyar, sostener y desarrollar la actividad productiva y comercial de las
MiMiPyMEs. Ante este crítico escenario recesivo, entonces, resulta urgente que
el gobierno nacional tome medidas extraordinarias para evitar la profundización
del proceso de empobrecimiento y deterioro socioeconómico que estamos
atravesando.
Entre los puntos destacados del proyecto se encuentra la suspensión de los aumentos de tarifas en los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente durante la vigencia de la emergencia; el incremento, como mínimo, del cincuenta por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de protección y apoyo a las MiPyMEs; la creación del fondo de Recuperación y Modernización de Micro Pequeñas y Medianas Empresas; entre otros.
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