Nota de Opinión de Emiliano Yacobitti
La desesperación y el desánimo desplazan a los doctores en beneficio de los curanderos. Los pescadores de río revuelto que, con tal de llegar al poder, no tienen ningún límite. Y no soportan tener límites.
La Federación Universitaria
Argentina (FUA) se movilizó a la Facultad de Derecho de la UBA para advertir
por un eventual arancelamiento de la educación superior
Por primera vez en nuestra
historia estamos por cumplir cuarenta años ininterrumpidos de democracia. Sin
embargo, lo que debería ser una celebración extendida está siendo reemplazada
por un ambiente denso, cruzado por intrigas, calumnias y operaciones
conspirativas que no le hacen honor a todo el esfuerzo realizado para mantener
nuestra promesa del Nunca Más.
Como venimos señalando hace
muchos años, la debilidad institucional argentina se manifiesta en una crónica
incapacidad estatal para mejorar las condiciones de vida de los argentinos.
Pero esta generalización no debe extenderse a instituciones y organizaciones
públicas que sí funcionan bien y que son un ejemplo en la necesaria e
imprescindible búsqueda de un Estado que potencie a la Sociedad Civil, en la
generación de bienes públicos de calidad.
La desesperación y el desánimo
desplazan a los doctores en beneficio de los curanderos. Los pescadores de río
revuelto que con tal de llegar al poder, no tienen ningún límite. Y no soportan
tener límites. En vez de querer un Estado mejor, quieren que
directamente no haya Estado.
De allí el ataque feroz a una
de las pocas instituciones que cuentan con un amplio consenso social y
reconocimiento internacional sobre su rol clave en generar capacidades,
actitudes y conocimiento por quienes pasan por sus aulas y que,
simultáneamente, se vuelven agentes que contribuyen al progreso de toda la
sociedad.
Cualquiera que analice el
sistema universitario argentino bajo los parámetros de la ciencia moderna, es
decir, razonamientos lógicos, evidencia empírica y conclusiones en base a
inferencias controladas, se encuentra con una realidad diferente.
Por un lado, se afirma que las
universidades públicas disminuyeron su excelencia académica. Absolutamente
todos los indicadores nacionales e internacionales dicen lo contrario. Nuestros
centros de educación superior son reconocidos en los rankings internacionales
como los mejores del país y de la región. Y cientos de nuestros graduados y
profesores participan en investigaciones y posgrados de las mejores
universidades del mundo.
Los docentes de las universidades públicas están entre los mejores de cada disciplina. Se los elige por el mecanismo más meritocrático que existe: el concurso público de antecedentes y oposición, en el que tres especialistas de la materia eligen entre quienes se postulan para ocupar cada cargo. Así, no sólo se garantiza que al frente de los cursos estén los mejores, sino que también se impide la arbitrariedad para estas designaciones.
Segundo, se sostiene que las facultades se transformaron en centros de adoctrinamiento. Cualquier persona que recorra los pasillos puede observar que absolutamente todos los grupos políticos que así lo quieran hacer, difunden sus ideas. Lo mismo puede decirse de sus órganos de gobierno. Hay representantes de todas las expresiones del campo político porque es un ámbito de libertad plena, donde nadie sufre discriminación por su identidad política.
En tercer lugar, se alega que el sistema universitario se sostiene en un gasto excesivo e innecesario. Todos los especialistas en economía de la educación superior sostienen lo inverso, ya que trae beneficios micro y macro económicos. Más graduados universitarios implican una mejora para cada una de esas personas y sus familias y tienen también una utilidad para el conjunto de la sociedad.
La evidencia para la Argentina nos muestra que las personas con título universitario perciben un salario, en promedio, 70% mayor que aquellos con sólo escuela secundaria completa.
Además, la educación universitaria genera retornos públicos del orden del 12,4% per cápita. El dinero utilizado en ella no es una pérdida, sino todo lo contrario. Se estima que el Estado recupera lo invertido, en los ocho años siguientes al del egreso del estudiante. Los restantes 32 años de vida laboral de la persona son ganancia neta del Estado.
Las falsedades sobre el supuestamente excesivo gasto en educación universitaria no se sostienen con ninguna comparación internacional. Si miramos los datos de las tres universidades más grandes de nuestra región, las conclusiones son irrefutables. En los últimos años la UBA contó con un promedio de 1.200 dólares anuales de presupuesto por estudiante. La UNAM de México tuvo u$s 11.400 y la Universidad de San Pablo llegó a los u$s 44.300. Seguir diciendo que nuestro presupuesto es excesivo o hay despilfarro, sólo es posible desconociendo o falseando la realidad objetiva.
También se vuelve con la crítica a nuestras reglas para la toma de decisiones. Tenemos la forma de gobierno más abierta y participativa que conozca cualquier centro educativo del mundo. Los estudiantes, graduados y profesores debaten y resuelven sobre diferentes aspectos de la vida universitaria, desde los planes de estudio hasta las asignaciones presupuestarias.
Es un modelo de gestión muy elogiado porque, a pesar de la efervescencia participativa que genera, el resultado en términos académicos y pedagógicos es muy satisfactorio. Las decisiones cuentan con amplios consensos, y en su seno conviven personas con cosmovisiones partidarias, culturales y religiosas bien distintas, pero que priorizan la casa en común que es nuestra universidad. Tenemos verdaderas políticas de estado que no enunciamos para las cámaras; funcionan todos los días en las aulas, los laboratorios, los centros de investigación, los hospitales y las políticas de extensión.
Por ser un modelo participativo exitoso que contrasta tan fuerte con las formas de la decadencia argentina está en las antípodas del autoritarismo que profesan los sectores radicalizados del campo político. Las universidades nacionales son perturbadoras para quienes afirman que todo lo privado es siempre superior a lo estatal, por su éxito en todos los indicadores de calidad educativa; e incómoda para los cruzados que sueñan con claustros monocolores porque les recuerda cuánto mejor es el pluralismo, la búsqueda de consensos y el abandono de los prejuicios ideológicos.
Todas las encuestas señalan
que la universidad pública es una de las instituciones con más aprobación
social, y que sigue siendo respetada por todos los sectores sociales y las
edades. La universidad pública es un ejemplo que muestra a las claras que la
democratización de las capacidades personales de forma masiva genera beneficios
para todos. La Universidad pública ha escrito muchas páginas de nuestra mejor
historia y así lo va a seguir haciendo.
